En España, los drones se encuentran en un vacío legal impidiendo a las empresas despegar negocios basados en estas aeronaves.

La situación jurídica de los drones en España es confusa. La Ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia incluía una serie de normas para regular el uso de aeronaves pilotadas por control remoto, las cuales debían ser desarrolladas por un real decreto que se aprobaría en breve pero que, casi dos años después, sigue sin haber entrado en vigor, provocando que los drones estén en un limbo jurídico en España, con el consiguiente desconcierto para las empresas españolas, que no pueden hacer despegar negocios basados en estas aeronaves.

No obstante, el propósito de este post no es analizar la situación jurídica de los drones, sino que trataremos de explicar la regulación que afecta directamente al desarrollo de las nuevas tecnologías.

Entonces… ¿Cómo debemos regular entonces las nuevas tecnologías? O mejor aún, ¿debemos regular las nuevas tecnologías? La respuesta mayoritaria de los países con derecho continental sería afirmativa, porque se tiene mucha dependencia de normas que ordenen y sistematicen la realidad. Pongamos como ejemplo los deportes electrónicos o ‘eSports’. Se trata de una nueva actividad que está creciendo muy rápidamente y que, según los expertos, debería tener unas reglas ‘ad hoc’ que determinaran su naturaleza jurídica a efectos laborales y fiscales, entre otros.

En los países regidos por el ‘common law’, en especial EEUU, tienen un planteamiento más práctico que se podría resumir en “lo que no está expresamente prohibido, está permitido”, lo que en muchos casos les permite lanzar productos o servicios novedosos sin esperar a que se aprueben normas específicas. No me cabe duda de que esta es una de las razones sobre las que se sustenta su actual liderazgo en el mundo tecnológico.

El Parlamento británico ha lanzado recientemente una consulta pública, en la que se preguntaba entre otras cuestiones por las implicaciones de la robótica y la inteligencia artificial en el mercado de trabajo; la medida en que las oportunidades sociales y económicas que ofrecen estas nuevas tecnologías están siendo explotadas para ofrecer beneficios al país; los problemas sociales, legales y éticos vinculados a la evolución de la robótica y las tecnologías de inteligencia artificial y la forma en que deben ser tratados, y las medidas que debería tomar el Gobierno para ayudar en la financiación, la investigación y la innovación en estas materias. La Oficina de Políticas sobre Ciencia y Tecnología (OSTP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca ha publicado una iniciativa similar. Consciente de la importancia de la inteligencia artificial (IA), quiere conocer el punto de vista de los consumidores, investigadores académicos, empresas privadas y ONG. La OSTP está particularmente interesada en las respuestas relacionadas con los siguientes temas: las implicaciones legales y de gobierno de la IA; su uso para el bien público; las cuestiones de seguridad y de control de la IA, así como sus implicaciones sociales y económicas; las lagunas de investigación más importantes de la IA que deben ser abordados para avanzar en este campo; la formación científica y técnica que se necesita para aprovechar el potencial de la AI, o los pasos específicos que puedan ser implementados por el Gobierno, los institutos de investigación y las universidades para fomentar una investigación multidisciplinar en IA.

Indudablemente podemos aprender mucho de las iniciativas mencionadas y que un debate público liderado por el Gobierno, en el que participaran los ciudadanos así como expertos de distintas disciplinas, ayudaría mucho a regular correctamente las tecnologías que están apareciendo y que tendrán un gran impacto en los próximos años.